Que el primero de julio entrará a regir el Decreto-ley 0050 de 1987 por medio del cual se expidió el Código de Procedimiento Penal;

Que el mencionado Código constituye legislación permanente y regula integralmente la materia;

Que en ejercicio del artículo 121 de la Constitución Nacional el Gobierno dictó el Decreto 565 de 26 de marzo de 1987;

Que la Corte Suprema de Justicia al verificar el control automático de constitucionalidad lo encontró ajustado a los términos de la Carta Política, de conformidad con sentencia de 19 de mayo de 1987;

Que las normas contenidas en el decreto citado deben permanecer en vigor, dado que aún subsisten las circunstancias que motivaron su expedición,

ARTÍCULO 1o. Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio en territorio nacional, los delitos de que trata el artículo 2o. del Decreto Legislativo 3664 de 1986, serán de competencia de los jueces especializados a que se refieren los Decretos 1806 de 1985 y 466 de 1987.

ARTÍCULO 2o. La competencia que se atribuye por el artículo anterior a los jueces especializados, se ejercerá sin perjuicio de la competencia que les asigna la Ley 2a De 1984.

ARTÍCULO 3o. Los delitos señalados en el artículo 1o. de este Decreto se tramitarán y fallarán por el especial previsto en el Capítulo II de la Ley 2a de 1984.

ARTÍCULO 4o. Los procesados por los delitos indicados en el artículo 1o. de este Decreto no tendrán derecho a la libertad provisional ni a la condena condicional.

ARTÍCULO 5o. Las disposiciones anteriores se aplicarán a los hechos que tengan lugar a partir de la vigencia de este Decreto.

ARTÍCULO 6o. El Ministerio Público ante los jueces especializados será ejercido por los fiscales cuya designación fue autorizada por los Decretos 1913 de 1985 y 707 de 1987 y tendrán como remuneración la señalada en el Decreto 735 de 1987.

ARTÍCULO 7o. Los procesos relacionados con los delitos indicados en el artículo 1o. del presente Decreto que estén siendo conocidos por la Justicia Penal Militar, serán repartidos en el estado en que se encuentran entre los Jueces Penales del Circuito, conforme a las disposiciones vigentes en materia de reparto, en coordinación con la respectiva Dirección Seccional de Instrucción Criminal.

ARTÍCULO 8o. Este Decreto rige a partir del primero de julio de mil novecientos ochenta y siete y suspende todas las disposiciones que le sean contrarias.