Que mediante Decreto número 1038 de 1984 se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional;

Que el Decreto Legislativo 1856 de 1989 estableció el decomiso y la ocupación de los bienes vinculados directa o indirectamente o provenientes del narcotráfico, el cual fue adicionado por el Decreto legislativo 2390 de 1989 para cobijar, además los bienes vinculados a los delitos de enriquecimiento ilícito y el tipificado en el artículo 6o. del mismo decreto legislativo;

Que el decomiso de los bienes y efectos de toda clase vinculados directa o indirectamente a la ejecución de los delitos de narcotráfico y conexos o que provengan de ellos debe otorgar al Estado la facultad de administrar dichos bienes, por conducto de las entidades a las cuales se les asignen provisionalmente, a fin de adoptar las medidas de conservación, preservación y rendimiento de los mismos, en beneficio de la economía nacional que se ha visto perturbada por la acción de los grupos antisociales relacionados con el narcotráfico;

Que el Decreto Legislativo 42 de 1990 señaló las facultades administrativas de los destinatarios provisionales o depositarios de valores, derechos, acciones, dineros, depósitos y divisas decomisados en desarrollo del Decreto legislativo 1856 de 1989 y normas concordantes;

Que se considera necesario, para el cumplimiento de los fines previstos en los Decretos Legislativos 1856 de 1989 y 42 de 1990, adicionar las funciones otorgadas por este último a dichos destinatarios provisionales y depositarios,

ARTÍCULO 1o. Adicionase el artículo 4o. del Decreto 42 de 1990 con el siguiente literal:

d) Celebrar contratos de fiducia de administración para destinar recursos provenientes de divisas previamente convertidas a moneda nacional a los fines que se convengan en los respectivos contratos.

ARTÍCULO 2o. El presente Decreto suspende las normas que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su publicación en el DIARIO OFICIAL.