Que mediante Decreto número 1038 de 1984, se declaró turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional;

Que una de las causas por las cuales se declaró turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional, hace referencia a la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, que vienen perturbando gravemente el normal funcionamiento de las instituciones, en desafío criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, en la tranquilidad y la salubridad públicas y en la economía nacional;

Que con el fin de reprimir el narcoterrorismo se dictaron los Decretos Legislativos 1856 y 2390 de 1989 y 42 de 1990, estableciendo el decomiso de los bienes y efectos de toda clase, vinculados directa o indirectamente a los delitos de narcotráfico y conexos, de enriquecimiento ilícito y el tipificado en el artículo 6o. del Decreto legislativo 1856 de 1989;

Que el decomiso de los bienes y efectos de toda clase, vinculados directa o indirectamente a estos delitos, o que provengan de ellos, debe otorgar al Estado facultades para administrar esos bienes, mediante la ejecución de medidas que conduzcan a su debida conservación, preservación y rendimiento, en beneficio de la economía nacional;

Que dichos bienes y efectos, hasta que no se ejecutoríe el fallo judicial definitivo, que ordene su devolución o el decomiso definitivo, deben quedar fuera del comercio, para evitar que se sustraigan de la acción de las autoridades y puedan ser objeto de transacciones o prácticas dirigidas a evadir la efectividad de los decomisos u ocupación de los mismos,

ARTÍCULO 1o.- Mientras subsista turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional, los bienes y efectos de toda clase, vinculados directa o indirectamente a los delitos de narcotráfico y conexos, enriquecimiento ilícito y el tipificado en el artículo 6o. del Decreto legislativo 1856 de 1989, o que provengan de ellos, quedarán fuera del comercio a partir de su decomiso u ocupación y no podrán ser negociados hasta tanto se ejecutoríe el fallo judicial definitivo que ordene su devolución o su decomiso definitivo.

ARTÍCULO 2o.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende las normas que le sean contrarias.