Que mediante Decreto numero 1038 de 1984, se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional;

Que una de las causas por las cuales se declaró turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, fue la acción de grupos armados y de organizaciones relacionadas con el narcotráfico, orientada a la comisión de diferentes delitos desestabilizadores de la normalidad institucional;

Que estos grupos de antisociales cuentan con un gran poder económico, obtenido de su actividad delincuencial, que les permite desarrollar acciones atentatorias de la paz pública utilizando sofisticados medios terroristas;

Que para combatir eficazmente la acción de estos delincuentes es necesario dotar al Estado colombiano de un sistema especialmente ágil, que suministre los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones del Estado, con elementos logísticos adecuados para ello, con el fin de que ellas conduzcan al restablecimiento del orden público,

ARTÍCULO 1o. Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, los recursos destinados a la financiación de las necesidades del Estado encaminadas a lograr el restablecimiento del orden público, serán administradas mediante una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, con fines de interés público, denominada Cuenta Especial para el restablecimiento del orden público.

ARTÍCULO 2o. Para desarrollar los fines de la Cuenta Especial, sus recursos se destinarán a los siguientes objetivos:

1. Centralizar y canalizar los recursos nacionales destinados a esta Cuenta Especial para la lucha contra el narcotráfico.

2. Centralizar y canalizar la ayuda internacional suministrada para la lucha Contra el narcotráfico.

3. Destinar los recursos recibidos a la financiación y adquisición de los requerimientos de carácter logístico, en la lucha contra el narcotráfico, para las entidades y organismos que participan en esta lucha.

4. Prestar el apoyo económico, financiero y logístico que requieran las entidades y organismos del Estado para la lucha contra el narcotráfico.

ARTÍCULO 3o. La Cuenta Especial contará con los siguientes recursos:

a) Apropiaciones del presupuesto general de la Nación;

b) Aportes y donaciones en dinero y en especie de personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras;

e) Donaciones en dinero y en especie de Gobiernos y organizaciones extranjeras.

ARTÍCULO 4o. La Cuenta Especial para el restablecimiento del orden público, será manejada por la Sociedad Fiduciaria La Previsora Limitada, mediante un sistema de administración fiduciaria, de carácter legal, que asegure la cabal destinación de los recursos al cumplimiento de las finalidades señaladas en el presente Decreto.

El régimen legal aplicable al manejo de esta administración fiduciaria, será el señalado por el Código de Comercio y la Ley 45 de 1923.

Para todos los efectos legales la representación de dicha cuenta la llevará la mencionada sociedad fiduciaria.

Por la gestión fiduciaria que cumpla, la Sociedad Fiduciaria La Previsora Limitada, percibirá, a título de comisión, la retribución que corresponde en los términos que señale la Superintendencia Bancaria.

ARTÍCULO 5o. Los contratos que celebre la Sociedad Fiduciaria La Previsora Limitada, en el país o en el exterior, en desarrollo de los objetivos de la Cuenta Especial para el restablecimiento del orden público, se regirán por las normas del derecho privado, con excepción del contrato de empréstito, para el cual deberá cumplir las disposiciones previstas en el Decreto–ley 222 de 1983.

ARTÍCULO 6o. Las donaciones que hagan las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, no requerirán del procedimiento de insinuación y estarán exentas de todo impuesto.

ARTÍCULO 7o. La importación de bienes destinados al cumplimiento de los objetivos de la Cuenta Especial para el restablecimiento del orden público, estará exenta de todo impuesto, contribución o arancel.

Tales bienes se nacionalizarán mediante acta, previo concepto favorable de la Junta Consultora.

ARTÍCULO 8o. Para el manejo de la Cuenta Especial para el restablecimiento del orden público, la Sociedad Fiduciaria La Previsora Limitada, ejecutará las determinaciones adoptadas por la Junta Consultora, que estará integrada de la siguiente manera:

1. El Jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, o su delegado, quien sólo podrá ser el Subsecretario General, quien la presidirá.

2. El Ministro de Gobierno.

3. El Ministro de Justicia.

4. El Ministro de Defensa Nacional.

5. El Ministro de Hacienda y Crédito Público.

6. El Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, o su delegado, quien sólo podrá ser el Secretario General de ese organismo.

7. El Director General de la Policía Nacional, o su delegado, quien sólo podrá ser el Director de la Policía Antinarcóticos.

PARÁGRAFO. Los Ministros que conforman la Junta Consultora, sólo podrán delegar su asistencia en los respectivos Viceministros. El Ministro de Defensa, Nacional, delegará en el Secretario General.

ARTÍCULO 9o. Son funciones de la Junta consultora:

a) Señalar las políticas generales de manejo e inversión de los recursos de la Cuenta Especial, velando siempre por su seguridad, adecuado manejo y cabal cumplimiento de sus objetivos;

b) Indicar la destinación de los recursos y el orden de prioridades conforme al cual serán atendidos los objetivos de la Cuenta Especial frente a las disponibilidades de la misma;

c) Solicitar informes periódicos a la Sociedad Fiduciaria La Previsora Limitada, acerca de la ejecución de las determinaciones e instrucciones adoptadas e impartidas por la Junta Consultora, examinarlos y señalar los correctivos que, a su juicio, sea conveniente introducir;

d) Emitir concepto sobre la nacionalización de bienes destinados al cumplimiento de los objetivos de la Cuenta Especial para el restablecimiento del orden público.

ARTÍCULO 10. Las actas de las sesiones de la Junta Consultora tendrán carácter reservado.

ARTÍCULO 11. Los recursos de la Cuenta Especial para el restablecimiento del orden público estarán libres de inversiones forzosas y obligatorias.

ARTÍCULO 12. Son causales de extinción de la Cuenta Especial para el restablecimiento del orden público y, en consecuencia, de la administración fiduciaria, las siguientes:

1. El levantamiento del estado de sitio, caso en el cual los recursos serán entregados a la Tesorería General de la República.

2. La disolución, liquidación o intervención administrativa de la Sociedad Fiduciaria La Previsora Limitada, caso en el cual la cuenta será administrada fiduciariamente por otra entidad con capacidad fiduciaria, de carácter público, que determine el Gobierno Nacional.

3. El cumplimiento de los objetivos de la Cuenta Especial, declarado por el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 13. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende las normas que le sean contrarias.