ARTÍCULO 1o. Mientras se encuentre turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, prohíbese la publicación, o difusión de noticias, comentarios o propaganda por cualquier medio escrito, radial, de televisión o de altoparlantes en cuanto sean susceptibles de crear alarma, afectar la tranquilidad pública o dificultar el pleno restablecimiento del orden.

Se considera de tal naturaleza cuanto se refiera a hechos que alteren el orden público, la instigación a que se cometan, o la apología del delito: la situación, destino o movilización de la fuerza pública; la especulación, acaparamiento o escasez de artículos de consumo necesario y cuanto por su índole pueda agudizar dichos fenómenos, salvo la denuncia concreta de los responsables: la retención de personas por hechos relacionados con la perturbación del orden, discursos, exposiciones o debates sobre tales temas, aun los ocurridos en corporaciones públicas, y manifiestos o comunicados de la misma especie; y los actos similares o conexos que se precisen en decretos reglamentarios de éste.

ARTÍCULO 2o. Sobre asuntos sometidos a prohibición y censura, conforme a este Decreto, podrán publicarse o difundirse boletines oficiales autorizados por los Ministros, Gobernadores, Intendentes, Comisarios o el Alcalde de Bogotá, D. E.

ARTÍCULO 3o. Para dar cumplimiento a la prohibición a que se refiere el artículo 1o, se establece la censura previa de los medios informativos, impresos o radiales, o de cualquier otra naturaleza, la que será organizada y dirigida por los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y el Alcalde del Distrito Especial de Bogotá, como encargados de ejecutar y hacer cumplir este Decreto, sobre las siguientes bases:

1ª. La censura, se encomendará a funcionarios o agentes de sus dependencias directas, o de las Alcaldías de sus respectivos territorios.

2ª. Podrá organizarse una oficina central en cada ciudad donde existan publicaciones periódicas, radiales o escritas, o cumplirse la censura en las oficinas de dichas publicaciones, cuando así fuere más indicado para evitarles trastornos en su funcionamiento ordinario.

3ª. Los interesados deberán entregar todos los originales destinados a las <sic> impresión o difusión, en el lugar señalado, con la anticipación necesaria, y los funcionarios encargados de la revisión cumplirán su tarea en las horas adecuadas para que la publicación pueda imprimirse o difundirse en su oportunidad.

ARTÍCULO 4o. Mediante resoluciones conjuntas de los Ministerios de Gobierno, Defensa y Comunicaciones, podrá autorizarse la libertad de información, y el consiguiente levantamiento de la censura, respecto de todos o algunos de los asuntos a que se refiere el artículo 1o, o el restablecimiento de la prohibición y censura, según las circunstancias; o la celebración de acuerdos con determinados medios de información que por su seriedad, y responsabilidad puedan por sí mismos encargarse de cumplir voluntariamente sin intervención oficial, las prescripciones del artículo 1o.

ARTÍCULO 5o. En todo caso de infracción a las prohibiciones del artículo 1o, o de publicación de materiales que no hayan sido sometidos a la censura o de violación de los acuerdos previstos en el artículo anterior, se aplicarán por el Alcalde del lugar las siguientes medidas:

1ª. El decomiso y destrucción de la publicación impresa mediante la cual se haya cometido la infracción; y si se trata de difusión radial, la suspensión provisional del espacio respectivo hasta por tres días, dando aviso al Ministerio de Comunicaciones para que disponga en definitiva lo que considere necesario, conforme a lo dispuesto en el estatuto de radiodifusión y su reglamento.

2ª. Además, los directores de los periódicos; noticieros o radioperiódicos, o espacios televisados, o los propietarios de los medios de publicidad, respectivos, si no existieren tales Directores, mediante los cuales se hayan infringido las prohibiciones de que se trata, estarán sujetos a multa de mil a cincuenta mil pesos, que será impuesta por el Alcalde del lugar, según la gravedad de aquéllas y su reincidencia, previa comprobación del hecho mediante procedimiento breve y sumario, oyendo al presunto responsable. Si la providencia fuere condenatoria, podrá ser apelada dentro de los tres días siguientes a su notificación para ante el Gobernador, Intendente o Comisario respectivo, quien decidirá el recurso en los tres días posteriores al recibo de las diligencias. Si fuere absolutoria, será necesariamente consultada con el mismo superior dentro del mismo término que el fijado para la apelación. Una vez ejecutoriada la providencia condenatoria, si dentro de los tres días no se pagare la multa, será convertida en arresto a razón de un día por cada doscientos pesos, arresto que cesará cuando se satisfaga la parte de la multa que no se haya pagado en arresto.

Las multas serán aplicadas a favor del Tesoro Nacional.

ARTÍCULO 6o. El presente Decreto rige desde su expedición y suspende las disposiciones que le sean contrarias.