Que mediante Decreto número 1038 de 1984, se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional;

Que en el Decreto 1038 de 1984 se expresaron como causas para declarar turbado el orden público la acción de grupos armados en contra de las instituciones legítimamente constituidas, la comisión de actos terroristas en diferentes regiones del país y la acción delincuencial de organizaciones relacionadas con el narcotráfico;

Que para combatir las causas generadoras de la turbación del orden público, se instituyo la jurisdicción de orden público, y se le asignaron competencias señaladas en los Decretos legislativos 180, 181 y 474 de 1988;

Que se hace necesario rodear de las mayores garantías el eficaz cumplimiento de las labores investigativas de los delitos cuyo conocimiento le ha sido asignado a la jurisdicción de orden público, para lo cual constituye un elemento de primordial importancia facultar al Director Nacional de Instrucción Criminal para asignar el conocimiento de los procesos al Juez de orden público que se estime razonablemente debe asumir el conocimiento del asunto,

ARTÍCULO 1o. Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, los jueces de orden público realizarán las diligencias de investigación previo reparto.

No obstante, cuando el Director Nacional de Instrucción Criminal lo juzgue conveniente en orden a garantizar una pronta y cumplida administración de justicia, podrá asignar el conocimiento de un determinado proceso a otro juez de orden público del mismo Distrito Judicial.

ARTÍCULO 2o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende las normas que le sean contrarias.