Que por Decreto 1038 de 1984 se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional;

Que es indispensable adoptar medidas de excepción conducentes a procurar que la acción de las autoridades satisfaga la exigencia de obtener el restablecimiento del orden público;

Que se hace necesario proteger los resultados de las acciones penales asignadas al conocimiento de la Jurisdicción de Orden Público y la integridad de los funcionarios que la ejercen;

Que debe garantizarse la plena reserva del proceso penal, para lograr los resultados efectivos de la acción penal y la protección de los funcionarios que la ejercen, en los delitos asignados al conocimiento de la Jurisdicción de Orden Público,

ARTÍCULO 1o. Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, ningún funcionario de la Jurisdicción de Orden Público podrá expedir copias del proceso penal, salvo que lo solicite la autoridad competente para investigar o conocer de procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, o para dar trámite al recurso de hecho.

ARTÍCULO 2o. Quien violare la prohibición establecida en el artículo anterior, incurrirá en causal de mala conducta y la destitución del empleo que ejerza.

La sanción a que se refiere este artículo, se aplicará una vez agotado el respectivo procedimiento disciplinario.

ARTÍCULO 3o. El término a que se refiere el artículo 46, inciso segundo, del Decreto legislativo 180 de 1988, será de ocho (8) días hábiles para que el Fiscal emita concepto de fondo e igual término para el defensor.

Estos términos se duplicarán cuando hubiere más de diez capturados.

ARTÍCULO 4o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, suspende en lo pertinente, el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal y modifica parcialmente el artículo 46 del Decreto legislativo 180 de 1988 y suspende, así mismo, las normas que le sean contrarias.