Que por Decreto 1038 de 1984 se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional;

Que los fenómenos de alteración del orden público se han venido concentrando alarmantemente en determinadas regiones del territorio de la Nación;

Que el actual sistema de distribución de los Jueces de Instrucción no permite asignar el número suficiente de ellos para afrontar los hechos delictuosos cometidos en el país;

Que es indispensable agilizar la acción de los organismos de investigación del Estado en la lucha contra éstos factores,

ARTÍCULO 1o. La Dirección Nacional de Instrucción Criminal podrá comisionar a los Jueces de Instrucción ambulantes a cualquier municipio, de Distrito Judicial diferente al de su sede, cuando los fenómenos delictivos lo justifiquen.

ARTÍCULO 2o. En todo caso, los jueces comisionados quedarán bajo la jurisdicción del Tribunal Superior del Distrito Judicial al cual hayan sido asignados en ejercicio de la facultad consignada en el artículo 1o. de este Decreto.

ARTÍCULO 3o. Las comisiones que otorgue el Director Nacional de Instrucción Criminal en ejercicio de las facultades conferidas por este Decreto deberán ser comunicadas inmediatamente al Consejo Nacional de Instrucción Criminal.

ARTÍCULO 4o. El presente Decreto rige a partir de su publicación y suspende las normas que le sean contrarias.