Que durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985 tuvo lugar una operación ilícita de toma violenta de las instalaciones del Palacio de Justicia, en Bogotá, donde funcionan los Despachos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, sus Fiscalías y Secretaría;

Que los actos cometidos en desarrollo de la citada toma han causado daños materiales de tal consideración que impiden en forma absoluta el funcionamiento de los respectivos despachos;

Que, consiguientemente, es necesario adoptar las providencias que conduzcan a garantizar los derechos de todas las partes vinculadas a las respectivas actuaciones judiciales o administrativas y de asegurar el imperio de una cumplida justicia,

ARTÍCULO 1o. Para todos los efectos constitucionales y legales considéranse suspendidos, desde el 6 de noviembre de 1985, todos los términos procesales (legales y judiciales) que estuvieron corriendo en todas las actuaciones que sean de competencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

ARTÍCULO 2o. La suspensión a que se refiere el artículo anterior durará hasta el día 27 de noviembre de 1985 para el Consejo de Estado y hasta el día 17 de diciembre de 1985, para la Corte Suprema de Justicia.

ARTÍCULO 3o. Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende las disposiciones que le sean contrarias.