ARTÍCULO 1o. Créanse hasta por el término de dos años contados a partir del 1o de agosto del año en curso, cuatro cargos de abogados asistentes de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y otros tantos de auxiliares de abogados asistente <sic>.

ARTÍCULO 2o. Los abogados asistentes deberán reunir las calidades exigidas por la Constitución para ser Magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial, serán designados y removidos libremente por la Sala de Casación Civil, deberán tener especial versación en derecho privado y serán escogidos preferentemente por su honestidad, conocimientos y experiencia.

ARTÍCULO 3o. Los abogados asistentes tedrán <sic> por función la de colaborar en el estudio de los asuntos y preparación de proyectos, bajo la dirección de la Sala, en los términos que reglamentariamente disponga ella.

ARTÍCULO 4o. Los abogados asistentes serán funcionarios de tiempo completo, y estarán sometidos al régimen establecido para los funcionarios judiciales en el Decreto-ley 250 de 1970. Gozarán de la asignación establecida para los Magistrados de Tribunal Superior en el artículo 1o (A.I.) del Decreto-ley 903 de 1969, y de la prima de residencia fijada para los asistentes de la Corte Suprema de Justicia en el artículo 22 del Decreto-ley 900 de 1969.

ARTICULO 5o. Los auxiliares de los abogados asistentes serán de libre designación y remoción, por parte de éstos, están sometidos como empleados judiciales a las normas del Decreto- ley 250 de 1970 y devengarán la asignación correspondiente al grado 15.

ARTICULO 6o. El Gobierno hará los traslados y abrirá los créditos necesarios para la ejecución de lo aquí dispuesto.

ARTICULO 7o. Este Decreto rige desde su expedición.