SENTENCIA C-011/97

 

Referencia: Expediente D-1333

 

Actor: Alegra Fonseca Barrera

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artculo 58 (parcial) de la

Ley 5 de 1992

 

Magistrado Ponente:

 

Dr. EDUARDO CIFUENTES MUOZ

 

Santa Fe de Bogot, D.C., enero veintitrs (23) de mil novecientos noventa y siete (1997).

 

LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

integrada por su Presidente Carlos Gaviria Daz y por los Magistrados Jorge Arango Meja, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muoz, Jos Gregorio Hernndez Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martnez Caballero, Fabio Morn Daz y Vladimiro Naranjo Mesa

 

EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION

 

Ha pronunciado la siguiente

 

S E N T E N C I A

 

En el proceso de constitucionalidad del artculo 58 (parcial) de la Ley 5 de 1992, "Por la cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la Cmara de Representantes".

 

I. TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA

 

Ley 5 de 1992

 

"Por la cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la

Cmara de Representantes". "II. Comisin de Etica y Estatuto del Congresista.


"Artculo 58. Composicin e integracin. En cada una de las Cmaras funcionar una Comisin de Etica y Estatuto del Congresista, compuesta por once (11) miembros en el Senado y diecisiete (17) en la Cmara de Representantes. Sern elegidos dentro de los primeros quince (15) das de la fecha de instalacin o sesin inaugural, para el respectivo perodo constitucional.

 

"Si vencido el trmino no se hubiere efectuado la eleccin, las Mesas Directivas de cada Cmara procedern a su integracin, respetando la representacin que deben tener las minoras.

"Las Cmaras conservarn la facultad de integrarlas en todo tiempo. "La Comisin se pronunciar en reserva y por la unanimidad de los

integrantes de esta clula congresional.

 

"Se reunir por lo menos una vez al mes y se le prohbe inmiscuirse por medio de resoluciones en asuntos de competencia privativa de otras autoridades".

 

(se subraya lo demandado)

 

II. ANTECEDENTES Preliminares

1. El Congreso de la Repblica expidi la Ley 5 de 1992, publicada en el

Diario Oficial No. 40.483, del 18 de junio de 1992.

 

2. La ciudadana Alegra Fonseca Barrera demand la inconstitucionalidad parcial del artculo 58 de la Ley 5 de 1992, por considerarlo violatorio de los artculos 145 y 146 de la Constitucin Poltica.

 

3. Mediante escrito de agosto 22 de 1996, el Procurador General de la Nacin rindi el concepto de rigor de conformidad con el artculo 242-2 de la Constitucin.

 

Cargos

 

4. Estima la demandante que la norma acusada parcialmente - en el punto que establece que las decisiones de las Comisiones de Etica de las Cmaras Legislativas deben ser tomadas por la "unanimidad de los


integrantes de esta clula congresional" - atenta contra lo sealado en los artculos 145 y 146 de la Constitucin Poltica. Ello por cuanto el artculo 145 dispone que para entrar a tomar decisiones en el Congreso pleno, en las Cmaras y en sus comisiones permanentes es necesario contar con la asistencia de la mayora de los integrantes de la respectiva corporacin, "salvo que la Constitucin determine un qurum diferente", al tiempo que en el artculo 146 se prescribe que en las mismas corporaciones "las decisiones se tomarn por la mayora de los votos de

los asistentes, salvo que la Constitucin exija expresamente una mayora especial".

 

Manifiesta que dado que la Constitucin en ningn momento establece una mayora especial para las decisiones de la referida Comisin de Etica, la disposicin del texto legal demandado que fija un qurum decisorio diferente al de la mayora simple es inconstitucional. Adems, sostiene que el artculo 146 de la Carta se refiere a una mayora especial y no al qurum por unanimidad, "el cual sera un qurum de

especialsima exigencia (...) que en un momento dado puede hacer inoperante el desarrollo democrtico de una clula congresional".

 

La actora cita las disposiciones de la Ley 5 en las cuales se contemplan los diferentes tipos de mayora existentes y los casos en los que se aplican, y manifiesta que en todos los eventos en los que la ley exige mayora calificada o especial para tomar una decisin existe una norma constitucional que la autoriza, con excepcin de la unanimidad requerida para las decisiones de las Comisiones de tica, la cual carece de apoyo constitucional.

 

Considera que el texto impugnado dificulta - hasta el punto de hacer imposible - el desarrollo del trabajo de la Comisin, mxime si se tiene en cuenta que el artculo 127 del Reglamento Interno del Congreso dispone que, en el momento de votar, los congresistas presentes slo pueden hacerlo en sentido afirmativo o negativo, pues los casos en los que se autoriza la abstencin son contados.

 

Manifiesta que el requisito de la unanimidad le asigna mucho poder a las voces discordantes, las cuales pueden llegar a paralizar el trabajo de la Comisin. Adems, la exigencia de la unanimidad no se ajusta a las caractersticas de los cuerpos colegiados, ya que hace parte de la esencia de stos la divergencia, mxime cuando se trata del juicio sobre cuestiones ticas y morales, juicio que conlleva siempre un fuerte elemento subjetivo y es causa de la formacin de distintas opiniones.


Finaliza con la afirmacin de que el principio democrtico se ve salvaguardado con las decisiones por mayora, sin que sea necesario acudir a frmulas como la de la unanimidad.

 

Intervencin del Procurador General de la Nacin

 

5. El Procurador General de la Nacin (E) manifiesta que el principio de la mayora simple es la regla general para la toma de decisiones en el Congreso, de acuerdo con lo consagrado en el artculo 146 de la Constitucin. Agrega que el mismo artculo prev que de esta regla solamente podrn exceptuarse los casos en los que la misma Constitucin establezca mayoras especiales y que las determinaciones que ha de tomar la Comisin de Etica y Estatuto del Congresista no estn incluidas dentro de ninguna de esas excepciones. Por eso, concluye que las decisiones de esta Comisin deben regirse por la regla de la mayora simple.

 

Considera que el principio de las mayoras, en general, es el nico previsto por las normas constitucionales para establecer el qurum deliberatorio y decisorio en las sesiones que se adelanten en el seno del Congreso de la Repblica. En consecuencia, estima que la Constitucin no da lugar para la aplicacin de un criterio diferente para la toma de decisiones.

 

Sostiene que sus afirmaciones encuentran fundamento en la posicin asumida por el ponente de la Ley 5 de 1992, el senador Orlando Vsquez Velsquez quien manifest en su exposicin que "sobre aquellas materias o asuntos donde no se exija una mayora calificada, una mayora especial, rige el criterio de la simple mayora, es la disposicin constitucional para toda esta clase de decisiones congresionales".

 

Asevera que el criterio de unanimidad acogido por el legislador para ser aplicado a las decisiones de la Comisin de tica y del Estatuto del Congresista, "va en contrava de la filosofa poltica de la cual est informado nuestro Estatuto Superior, pues l implica la imposibilidad del disenso en las discusiones colegiadas y en las determinaciones que de tales discusiones se produzcan, desconocindose con ello un elemento axial de la naturaleza pluralista de la Repblica de Colombia, establecida en el primer principio constitucional de dicho Estatuto".


Adicionalmente, expone que la norma acusada anula la posibilidad de expresin de las minoras en el seno de la mencionada Comisin, pues "al no existir para los Congresistas alternativas distintas al voto positivo o negativo, ya que la salvedad del voto no tiene lugar en el Congreso de la

Repblica y la abstencin slo es procedente en los casos previstos en el artculo 24 del Reglamento de esa Institucin, cualquier disidencia

respecto de la postura mayoritaria no tiene viabilidad alguna".

 

Asimismo, afirma que la norma va en contra de la voluntad de la mayora por cuanto la decisin divergente de un slo miembro se convierte, en la prctica, en un veto.

 

Por ltimo, estima que el criterio de la unanimidad "contradice una de las reglas de oro de la democracia como es el principio de las mayoras, pues la uniformidad de pensamiento que l termina por imponer, a riesgo de no permitir funcionalidad alguna en los organismos que por l se

rigen, neutraliza la eficacia de la diversidad de opiniones, al no permitir que stas se traduzcan en decisiones de inters general".

 

III. FUNDAMENTOS Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, en los trminos del artculo 241-4 de la Constitucin Poltica.

 

El problema planteado

 

2. Se trata de determinar si la disposicin de la Ley 5 de 1992 que prescribe que las decisiones de la comisiones de tica y estatuto del congresista deben ser tomadas por la totalidad de los integrantes de

esas comisiones, se ajusta a las normas constitucionales referentes a las mayoras requeridas en el Congreso para la adopcin de resoluciones.

 

3. Dado el importantsimo papel que desempea el Congreso dentro del modelo de Estado Social de Derecho al cual se vincula la Constitucin (C.P. art. 1) y en vista de las fuertes crticas que se han formulado contra la institucin legislativa en el pas, en la Asamblea Nacional Constituyente se decidi regular de manera detallada y severa la actividad de los congresistas. Por eso, en la Constitucin de 1991 se

estableci una amplia gama de inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio de la funcin legislativa (C.P. arts. 179 ss.) y se consagr un


severo rgimen de conflicto de intereses. Igualmente, se incorpor la figura de la prdida de investidura y se suprimi el privilegio de la inmunidad parlamentaria, el cual fue sustituido por un fuero especial para el juzgamiento de los delitos cometidos por los congresistas, que reside en la Corte Suprema de Justicia.

 

Sobre el particular es importante recordar lo sealado en la sentencia C-

497 de 1994 (MP Jos Gregorio Hernndez Galindo):

 

"El especial celo del Constituyente en establecer todo un conjunto de normas con arreglo a las cuales habr de ser ejercido el cargo de congresista se explica no slo por la importancia intrnseca del Congreso en el Estado de Derecho sino por la trascendencia de la investidura de quien, escogido en las urnas para integrar la Rama Legislativa, tiene en su cabeza la representacin del pueblo.

 

"Tales normas responden a las necesidades de asegurar los cometidos bsicos de la institucin y de preservar la respetabilidad de quienes la componen, merced al sano desempeo de las delicadas funciones que se les confan.

 

"Entre los objetivos buscados por esta normativa se halla el de garantizar a los gobernados que las personas a quienes se ha distinguido con tan alta dignidad no abusarn de su poder, aprovechndolo para alcanzar

sus fines personales, pues la actividad a ellos encomendada debe estar exclusivamente al servicio del bien pblico".

 

Son tambin ilustrativos los siguientes apartes de la sentencia C-319 de

1994 (MP Hernando Herrera Vergara), referidos a la institucin de la prdida de investidura:

 

"Es indiscutible que una de las reformas ms importantes efectuadas por el Constituyente de 1991 relacionadas con el Congreso de la Repblica, fue la de la creacin de la institucin de la prdida de la investidura, consagrada en el artculo 183 de la Carta Poltica, con el propsito de dignificar la posicin de Congresista, enaltecer sus responsabilidades y funciones, con la posibilidad de que, frente a la inobservancia del

rgimen de incompatibilidades, inhabilidades o el surgimiento del conflicto de intereses por parte de los mismos, as como de incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, se pudiese sancionar a quien incurra en la violacin de las causales previstas en dicha


disposicin con la prdida de la investidura, sin que esta decisin dependiera de un previo pronunciamiento judicial.

 

(...)

 

"El planteamiento general de los proponentes de la iniciativa se fundament en el altsimo nivel que supone la categora de Congresista. De ah que las consecuencias de la violacin de los deberes, funciones y responsabilidades inherentes al cargo debieran corresponderse con una sancin igualmente drstica. La subcomisin encargada de articular la propuesta, al considerar la regulacin de la institucin pretendi, pues, recuperar el prestigio del Congreso.

 

"El criterio de la comisin1 fu unnime en cuanto a que el rgimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de inters quedara incompleto y sera inane si no se estableciera la prdida de la investidura como condigna sancin. Fu tambin el parecer unnime de la comisin que, dada la alta posicin del Congresista, la violacin de este rgimen

no poda acarrear una sancin inferior a la prdida de la investidura".

 

Igualmente, interesa destacar lo expresado en la sentencia C-349 de

1994 (MP Jos Gregorio Hernndez Galindo), con respecto a las incompatibilidades:

 

"Uno de los propsitos primordiales de la tarea emprendida por la Asamblea Nacional Constituyente consisti en fortalecer la Rama Legislativa del Poder Pblico, restituyendo al Congreso su prestigio, devolvindole atribuciones que haba perdido y consagrando un exigente estatuto aplicable a los congresistas, en el cual se fijaran con claridad las reglas conforme a las cuales deben ellos ejercer las delicadas funciones que la Constitucin les encomienda.

 

"Fue as como se plantearon y debatieron nuevas normas relacionadas con las inhabilidades para la eleccin, las incompatibilidades en el ejercicio del cargo, los conflictos de intereses, la inmunidad y la inviolabilidad de los congresistas, la prdida de la investidura y las prohibiciones al Congreso (...)

 

(...)

 

"En ese orden de ideas, resulta indudable que la Constitucin fue severa y terminante en lo relativo a incompatibilidades de los congresistas, muy


concretamente en lo relacionado con la celebracin de contratos con entidades pblicas o con las privadas que manejan recursos pblicos, as como en lo referente a la gestin de intereses propios o ajenos ante los organismos estatales.

 

"El objetivo de estas normas es muy claro: se trata de impedir que se confunda el inters privado del congresista, directo o indirecto, con los intereses pblicos; evitar que el congresista pueda valerse de la influencia inherente a su funcin para derivar cualquier tipo de provecho en nombre propio o ajeno.

 

"El sealamiento constitucional de incompatibilidades implica necesariamente la consagracin de lmites y excepciones a la actividad de la persona, la cual no estara cobijada por ellos si no fuera por el cargo que desempea. Desde ese punto de vista comporta un trato diferente al aplicable para los dems pero justificado en razn de los superiores intereses pblicos.

 

"La incompatibilidad significa imposibilidad jurdica de coexistencia de dos actividades. Dada la situacin concreta del actual ejercicio de un cargo - como es el de congresista para el caso que nos ocupa - aquello que con la funcin correspondiente resulta incompatible por mandato constitucional o legal asume la forma de prohibicin, de tal manera que, si en ella se incurre, el propio ordenamiento contempla la imposicin de sanciones que en su forma ms estricta llevan a la separacin del

empleo que se viene desempeando. En nuestro sistema, por ejemplo, la violacin del rgimen de incompatibilidades por parte de los congresistas

ocasiona la prdida de la investidura (artculo 183, numeral 1, de la

Constitucin) y, adems, en cuanto sea pertinente, est sujeta a la imposicin de las sanciones penales que la ley contempla".

 

4. Una caracterstica especial del estatuto del congresista establecido en la Constitucin radica en la asignacin de importantes facultades al Poder Judicial para controlar el debido acatamiento de las normas contempladas en ese rgimen. Es as como en lo relacionado con la violacin de las disposiciones sobre inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de inters se le atribuy competencia al Consejo de Estado para la declaracin de la prdida de investidura de congresista. De la misma manera, a la Corte Suprema de Justicia se le otorg la competencia para iniciar procesos penales contra los miembros del Congreso, sin tener que esperar - como en el pasado - a que la Cmara respectiva decidiera levantar la inmunidad del parlamentario afectado.


La importancia que le brinda la Constitucin al control judicial sobre la conducta de los legisladores no constituye, sin embargo, un obstculo para que en el mismo Congreso se creen mecanismos destinados a velar por el estricto cumplimiento del rgimen de los congresistas. Es ms, la alta responsabilidad del Congreso para con el sistema poltico del pas y las expectativas que depositan en sus representantes los ciudadanos exigiran que el Poder Legislativo fuera particularmente estricto con sus integrantes en este punto.

 

5. Precisamente con el objeto de incorporar dentro del mbito del funcionamiento normal del Poder Legislativo una instancia propia de control sobre el acatamiento de las disposiciones acerca del rgimen de los congresistas, en la Ley 5 de 1992 - por la cual se expidi el reglamento del Congreso, el Senado y la Cmara de Representantes -, se contempl, dentro de las comisiones legales sealadas para cada Cmara Legislativa, una Comisin de Etica y Estatuto del Congresista.

 

La composicin y el mecanismo de integracin de la Comisin de Etica y Estatuto del Congresista se prev en el artculo 58 de la Ley 5. A su turno, en el artculo 59 se contienen las funciones de la Comisin. Reza el citado artculo:

 

"Artculo 59. Funciones. La Comisin de tica y Estatuto del Congresista conocer del conflicto de inters y de las violaciones al rgimen de incompatibilidades e inhabilidades de los Congresistas. As mismo, del comportamiento indecoroso, irregular o inmoral que pueda afectar a alguno de los miembros de las Cmaras en su gestin pblica, de conformidad con el Cdigo de tica expedido por el Congreso. Y si fuere el caso, de los funcionarios o empleados que en ella presten su servicio.

 

"Las plenarias sern informadas acerca de las conclusiones de la

Comisin y adoptarn, luego del respectivo debate si a ello se diere

lugar, las decisiones que autorizan y obligan la Constitucin Poltica y las normas de este reglamento".

 

En concordancia con esta disposicin, el artculo 277 de la misma ley seala que la Comisin de tica rinde ante la respectiva Cmara Legislativa un dictamen acerca de la solicitud de suspensin de un congresista, cuando sta es ordenada por una autoridad judicial; igualmente, la Comisin debe pronunciarse en los casos en los cuales un congresista es recusado a causa de un impedimento que aqul no le


haba comunicado oportunamente a la Cmara respectiva. En este caso, la decisin de la Comisin tiene carcter vinculante.

 

En conclusin, la Comisin de tica y Estatuto del Congresista tiene por fin ejercer un control interno en el Congreso sobre el comportamiento de los legisladores. Su misin es, entonces, fundamental, en tanto que ha de contribuir a la depuracin del rgano legislativo y de las costumbres polticas del pas.

 

6. La vida en comunidad exige la aprobacin - tcita o expresa - de mtodos que garanticen que, a pesar de la divergencia de convicciones, de intereses y de opiniones, existente en toda agrupacin humana, sea posible la toma de decisiones que vinculen a todos los asociados. Actualmente parece natural la prevalencia de la regla de la mayora, segn la cual debe prevalecer -de manera general- la opcin que es apoyada por ms del 50% de los participantes en el proceso decisorio. Sin embargo, aun cuando esta regla fue de uso comn en la Grecia y la Roma antiguas, su predominio vino a afianzarse apenas a partir de la Ilustracin -si bien los debates tericos acerca de su justificacin continan an vigentes. En efecto, anteriormente, las determinaciones se concentraban en una persona o en pequeos crculos, o bien rega el principio de la unanimidad.

 

La regla de la mayora ha sido utilizada en muchos tipos de regmenes polticos, de manera que no cabe hacer la asimilacin, que frecuentemente se practica, entre la democracia y el principio de las mayoras. No obstante, la referida regla es considerada actualmente como uno de los pilares bsicos de las democracias constitucionales. Es as como algunos autores manifiestan que los principios de la soberana popular, de la decisin por mayoras y de la vigencia de los derechos fundamentales, constituyen actualmente los fundamentos de los regmenes democrticos.

 

En consonancia con lo anterior, se ha incluido a la regla de la mayora dentro de los factores fundamentantes de la legitimidad del rgimen democrtico. Con base en la observacin de que las democracias de corte occidental reciben su legitimacin a partir de su adhesin a determinados valores y al acatamiento de procedimientos preestablecidos, se manifiesta que dentro de los ltimos se encuentra el del principio de la mayora, junto a otros como la separacin de poderes, las elecciones peridicas y la representacin poltica.


Con todo, es importante advertir que cuando se habla de la regla de la mayora dentro del rgimen democrtico se la entiende con un carcter limitado. Justamente, a fin de contrarrestar la temida posibilidad de que se conforme una "tirana de las mayoras", que cuando se ha presentado ha arrojado deplorables experiencias histricas, se postula que la democracia requiere - para funcionar y durar - un principio de mayora restringido, de tal manera que la mayora gobierne, pero siempre dentro

del respeto de la minoras2.

 

Finalmente, importa precisar que el criterio de la unanimidad difiere claramente del entendimiento constitucional contemporneo de la regla de la mayora, pero no a la manera de una diferencia de grado - como si fuera una forma ms de la regla de la mayora - sino como criterio cualitativamente distinto. Es decir, sobre los dos criterios no se podra afirmar que se encuentran en los extremos de un continuum, sino que pertenecen a planos diferentes. Ello por cuanto la construccin de la unanimidad puede generar por lo menos dos consecuencias alternativas, ambas adversas al principio de mayora dentro del rgimen democrtico: la primera es que, como se relata que ocurra en los pueblos germanos antes de la Edad Media, la minora dentro de un proceso decisorio tenga que plegarse a la mayora, en el sentido de tener que adherir a las

opiniones de sta - y no simplemente de aceptar la decisin de los ms -, so pena de ser reprimida violentamente o de tener que retirarse de la

comunidad. La consecuencia de lo anterior es, obviamente, la imposibilidad de ser reconocido como minora disidente. La segunda es

que a travs de la exigencia de la unanimidad se potencia en forma discriminatoria el valor de las opiniones de la minora, por cuanto ella

puede eficazmente obstaculizar cualquier intento de la mayora para tomar decisiones. Esto implica la vulneracin del principio de la igualdad de los ciudadanos, que como se ha dicho reiteradamente slo admite

excepciones cuando existe una razn objetiva que las justifique.

 

7. La Constitucin colombiana acoge la regla de la mayora, en sus diversas aplicaciones. As, por ejemplo, con respecto a la eleccin del Presidente de la Repblica dispone que ste ser elegido por la mitad ms uno de los votos (C.P., art. 190); y para las elecciones de los miembros de las corporaciones pblicas establece el mtodo del cuociente electoral con el objeto de asegurar la representacin proporcional de los partidos, la cual constituye de por s una frmula de limitacin del principio de la mayora (C.P., art. 263).


Las normas sobre qurum y mayoras decisorias en todas las corporaciones pblicas de eleccin popular estn consignadas en los artculos 145 y siguientes. As, en el artculo 145 se dispone que no se podr deliberar sin contar con menos de una cuarta parte de los integrantes de esas corporaciones - dentro de las cuales se incluye expresamente a las comisiones que creen esos cuerpos - y que "las decisiones slo podrn tomarse con la asistencia de la mayora de los integrantes de la respectiva corporacin, salvo que la Constitucin determine un qurum diferente". Y ya con respecto al acto mismo de decidir dispone el artculo 146 que "En el Congreso pleno, en las Cmaras y en sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarn por la mayora de votos de los asistentes, salvo que la Constitucin exija expresamente una mayora especial".

 

De acuerdo con la Constitucin, la regla general en el proceso decisorio es que se puede entrar a tomar determinaciones cuando se rene ms

de la mitad de los integrantes de la corporacin y que las resoluciones se adoptan por la mayora de votos de los miembros presentes. De esta manera, la Carta de 1991 reprodujo los trminos de los artculos 82 y 83

de la Constitucin de 1886, en relacin con las mayoras exigidas para decidir.

 

Ahora bien, como se precisa en los artculos 145 y 146 de la Carta, existen temas, regulados especficamente por la Constitucin, para los cuales se exige la obtencin de una mayora especial para los acuerdos del Congreso de la Repblica. As, se requiere del voto favorable de la mayora de los miembros de las dos Cmaras Legislativas para revestir de facultades extraordinarias al Presidente de la Repblica (C.P. art.

150.10), para la expedicin de las leyes orgnicas y de las leyes estatutarias (C.P. arts. 151 y 153), para la aprobacin de una reforma

constitucional en el segundo perodo de su discusin (C.P. art. 375); etc.

 

Igualmente, la Constitucin exige el voto conforme de los dos tercios de los miembros de ambas Cmaras para la reforma o derogacin de los decretos legislativos dictados por el gobierno en pocas de estado de guerra exterior (C.P. art. 212), para la concesin de amnistas o indultos generales por motivos polticos (C.P. art. 150.17), para la autorizacin de los viajes de los congresistas al exterior con dineros del erario pblico (C.P. art. 136.6), etc.

 

Con todo, lo que debe quedar claro es que, como bien lo advierten la demandante y la Vista Fiscal, en ningn lugar de la Constitucin se


contempla la posibilidad de que para algunas decisiones en las corporaciones pblicas se requiera la unanimidad. Debe enfatizarse que el criterio de la unanimidad, tal como est dispuesto en la norma acusada, supone que en el momento en que una corporacin pblica entre a tomar decisiones debe contar con la presencia de todos los

miembros de la corporacin y que, adems, todos ellos deben votar en el mismo sentido. Estos presupuestos son claramente contrarios a lo

prescrito por los ya citados artculos 145 y 146 de la Carta, los cuales

sealan que se puede pasar a tomar decisiones cuando se cuenta con la mayora de los miembros de la corporacin y que para que una decisin

sea vlida es suficiente contar con la mayora de votos de los asistentes,

salvo excepciones contempladas en la misma Constitucin.

 

Las razones anteriores son suficientes para declarar la inexequibilidad de la norma acusada.

 

8. Resta hacer algunas observaciones acerca de la relacin entre la exigencia de la unanimidad en las corporaciones pblicas y los principios del pluralismo y la igualdad. Con respecto al primero, es importante precisar que la exigencia de la unanimidad en las comisiones de tica y estatuto del congresista alberga en s una contradiccin con el pluralismo propio de los cuerpos colegiados. La democracia constitucional es inexorablemente una democracia de partidos y la existencia de partidos supone la disparidad de criterios, algunos mayoritarios y otros minoritarios, pero todos igualmente vlidos. De all que el criterio de decisin contemplado en la Constitucin para los cuerpos colegiados sea el de la mayora.

 

De acuerdo con el artculo 55 de la Ley 5 de 1992, para la integracin de las comisiones de tica y estatuto del congresista se aplicar el sistema del cuociente electoral, lo cual significa ordinariamente que por lo menos dos partidos u agrupaciones polticas diferentes van a estar

representados en ella. Esto tiene como consecuencia el que con frecuencia se presenten opiniones diversas acerca de los temas sobre

los cuales se ha de decidir. Sin embargo, la norma acusada, en vez de velar por la garanta de la vigencia de la diferencia, a travs de la consagracin del principio de la mayora, pasa a exigir la unanimidad,

con desconocimiento de la pluralidad existente en la comisin, y con la consecuencia de condenar a las comisiones a la inoperancia.

 

En cuanto al tema de la igualdad, cabe simplemente repetir que la exigencia de la unanimidad le confiere a los votos de los integrantes de la


minora un mayor valor que a los votos de los miembros del sector mayoritario, dado que aqullos pueden impedir siempre la toma de una decisin, independientemente del porcentaje de sufragios que represente cada una de las opiniones dentro de la colectividad que decide. Esta situacin viola uno de los principios fundamentales del derecho electoral contemporneo, cual es el de la igualdad de todos los sufragios, sin excepcin ninguna. Pero esta vulneracin no se restringe al mbito de la corporacin pblica, sino que se transmite tambin a los ciudadanos, por cuanto los representantes de algunos tendran mayor poder de decisin que los de otros.

 

En conclusin, aun en el caso de que en la Constitucin no se contemplara expresamente que para la adopcin de decisiones en las corporaciones pblicas se aplicar la regla de la mayora, el establecimiento del criterio de la unanimidad para la toma de decisiones en las referidas corporaciones pblicas entrara en conflicto con los principios de pluralismo y de igualdad consagrados en la Constitucin.

 

IV. DECISION

 

En mrito de lo expuesto, la Corte Constitucional

 

R E S U E L V E:

 

Declarar INEXEQUIBLE la expresin "y por la unanimidad de los integrantes de esta clula congresional" del artculo 58 de la Ley 5 de

1992.

 

Notifquese, comunquese, cmplase, insrtese en la Gaceta de la Corte constitucional y archvese el expediente.

 

CARLOS GAVIRIA DAZ Presidente

JORGE ARANGO MEJA Magistrado

ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado


EDUARDO CIFUENTES MUOZ Magistrado

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado

HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado

ALEJANDRO MARTNEZ CABALLERO Magistrado

FABIO MORN DAZ Magistrado

VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado

MARTHA VICTORIA SCHICA DE MONCALEANO Secretaria General